No se gobierno no encubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero si no hay pruebas claras es evidente que las acusaciones forman parte de un tema politico
Por Infobae
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que si la Fiscalía General de la República (FGR) recibe por parte de Estados Unidos “pruebas contundentes e irrefutables” contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, las autoridades mexicanas investigarán al mandatario estatal y a los nueve funcionarios del mismo estado que también fueron señalados.
En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria dijo que su gobierno no encubrirá a “nadie que haya cometido un delito”, pero aseguró que si no hay pruebas claras “es evidente” que las acusaciones forman parte de un tema politico.
“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, dijo en Palacio Nacional.
En este sentido, reiteró su política de la defensa de la soberanía y que “bajo ningún motivo” se permitirá la injerencia extranjera.
“Debe quedar sumamente claro: bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esta es nuestra posición”, puntualizó.
Ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Las acusaciones incluyen delitos relacionados con narcotráfico, armas y protección a miembros del cártel, específicamente a la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, los funcionarios habrían colaborado en la importación de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, además de proporcionar información confidencial y protección a los líderes del cártel.
Se les señala de permitir actos de violencia y represalias, incluyendo asesinatos, y de recibir pagos a cambio de su colaboración. Entre los acusados figuran altos funcionarios de gobierno y fuerzas de seguridad de Sinaloa, así como el alcalde de Culiacán.
El gobernador Rocha Moya habría recibido apoyo de “Los Chapitos” para resultar electo, mediante supuestos secuestros e intimidaciones a rivales, y se le acusa de participar en reuniones con integrantes del cártel y protegerlos.
