La presidenta sostuvo que el congelamiento no responde a decisiones discrecionales del Gobierno federal, sino a procedimientos establecidos dentro de acuerdos internacionales de supervisión financiera y combate al lavado de dinero
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que fueron congeladas cuentas bancarias de 10 mexicanos señalados por un juez de Estados Unidos, entre ellas las relacionadas con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante la llamada “Mañanera del Pueblo”, la mandataria explicó que las medidas financieras derivan de mecanismos automáticos de cooperación bancaria y de inteligencia financiera entre México y Estados Unidos.
“Más tarde la UIF emitirá un boletín al respecto”, declaró Sheinbaum al referirse al caso y a la información que será ampliada por la Unidad de Inteligencia Financiera.
La presidenta sostuvo que el congelamiento no responde a decisiones discrecionales del Gobierno federal, sino a procedimientos establecidos dentro de acuerdos internacionales de supervisión financiera y combate al lavado de dinero.
De acuerdo con lo expresado por Sheinbaum, el bloqueo de cuentas ocurre de manera automática cuando existen solicitudes o alertas derivadas de investigaciones judiciales internacionales.
“Son mecanismos automáticos en cualquiera que cumpla diferentes casos”, afirmó la mandataria frente a medios de comunicación.
El caso surgió luego de que autoridades estadounidenses solicitaran acciones judiciales y financieras contra 10 mexicanos presuntamente relacionados con investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios ligados al estado de Sinaloa.
Aunque la presidenta evitó profundizar sobre los detalles específicos de las investigaciones, reiteró que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas y desarrollarse dentro del marco legal correspondiente.
El tema tomó mayor relevancia después de la entrega voluntaria en Estados Unidos de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, y de la detención en Arizona de Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Rocha Moya.
La mandataria aseguró que ambos hechos fueron decisiones personales de los involucrados y negó que exista algún riesgo político o institucional para su administración.
“Ningún riesgo. Fue una decisión de ellos el entregarse. No hay ningún riesgo”, sostuvo la presidenta al ser cuestionada sobre posibles implicaciones para el Gobierno federal.
